La política revuelo En la Cancilleria
La Justicia puso la mira en dos funcionarios claves de Taiana
Marcelo Pujó, director nacional de Ceremonial y jefe directo del principal implicado en el escándalo de la entrega de franquicias diplomáticas, Jorge Matas, no es investigado dentro del sumario que se realiza en Cancillería. El funcionario estaría al tanto de la millonaria estafa y habría facilitado un Lamborghini para un coronel del chavismo. Fuentes del Palacio San Martín coincidieron al afirmar que hay un “operativo” montado por el subsecretario de Cordinación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana, mano derecha del canciller Jorge Taiana, para que la investigación no llegue hasta su despacho. Por Fernando Oz
En foco. Se cierra el círculo sobre más ayudantes del ministro de Relaciones Exteriores. Se habla de “protección”.
El escándalo por la utilización de franquicias diplomáticas para la importación ilegal de automóviles de lujo es tratado dentro de la Cancillería como un secreto de Estado. Funcionarios allegados al canciller Jorge Taina comenzaron a construir una muralla de protección alrededor de Marcelo Pujó, director nacional de Ceremonial y jefe directo del desplazado encargado de franquicias Jorge Matas. Las plumas de los ricos y famosos, los gestores de cócteles y vehículos VIP, sólo aparecen en la cara más conveniente de la moneda.
Uno de los albañiles de la estructura de contención es el subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana. El funcionario, con rango de embajador pero ajeno a la carrera diplomática, también ostenta el cargo de presidente de la Honorable Junta de Calificaciones. “Es la mano derecha del canciller. Para que te des una idea, es como el (Julio) De Vido de (Néstor) Kirchner”, comparó una fuente acostumbrada a hacer pasillo en “La Casa”.
Pese a que es el funcionario más embarrado en el escándalo que agitó las principales misiones extranjeras en el país, Matas se muestra tranquilo y vocifera que no declarará nada ante la Justicia ni ante los encargados de hacer el sumario interno. El diplomático que estampaba su firma en los formularios con los que se autorizaba el ingreso al país de los carísimos autos sin dejar impuestos aduaneros en el camino se encuentra haciendo nada a disposición del área de Personal y cobrando su sueldo.
La tranquilidad de Matas también descansa en otro buen amigo: Carlos Alfredo Carrasco, asesor y cuñado de Jorge Taiana. El funcionario que repartía franquicias diplomáticas y el esposo de la hermana del canciller habían cosechado su amistad cuando estaban destinados en Colombia, en la pomposa década de los 90.
Un estado de ánimo diferente es el que vive Pujó. “Está aterrado”, coincidieron dos allegados a él. Un empleado que conoce los movimientos de la Dirección de Franquicias utilizó la hábil dialéctica diplomática que se maneja en el Palacio San Martín para describir la situación: “Matas se movía con autonomía, pero Pujó tenía que estar al tanto”. Otra voz fue más lejos: “Pujó estaba para los viajes, la soga termina en Ojea Quintana”.
Durante la auditoría, según resaltaron voceros de Cancillería, Pujó habría sostenido que él no tenía conocimiento de los movimientos del Departamento de Franquicias.
“Ah, no sé. El único autorizado a hablar por el tema de los autos es Ojea Quintana”, contestó días atrás una secretaria cuando PERFIL intentó acceder a la segunda parte de la auditoría. El jefe de sumarios de Cancillería, Alejandro Mischutin Nogués, también se mostró hosco a la hora de suministrar información. En un e-mail, el funcionario se escudó en el “secreto” que envuelve al sumario, que “se encuentra en plena instrucción”.
Investigadores de uno de los dos expedientes que marchan por dos carriles judiciales diferentes ya tienen nombres que Ojea Quintana ni “el Sabueso” Mischutin Nogués se imaginan.
Una de las causas es la que está a cargo del juez Federal Norberto Oyarbide y el fiscal Luis Comparatore, este expediente se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los integrantes de la máxima instancia judicial deben decidir qué hacer con los funcionarios diplomáticos extranjeros que aún se encuentran revestidos de las inmunidades de los tratados de Viena.
Hasta ayer, el otro expediente estaba en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Ahora, el magistrado está de vacaciones y la causa por supuesto “contrabando agravado” fue a parar al despacho del juez Jorge Angel Burgo. La fiscalía que actúa es María Luz Rivas Diez, la misma que investiga al valijero de los 800.000 dólares: Antonini Wilson.
Lejos de los ricos y famosos, y de los confundidos diplomáticos extranjeros, la Justicia tiene en la mira a María Cristina Santander y a Marisol Rodríguez. “Son madre e hija, y las dos trabajaban con las franquicias”, adelantó a PERFIL una de las fuentes consultadas. También hay un tercer nombre, “a punto de quebrarse”.
Ojea Quintana, en un comunicado de prensa, reiteró “la disposición de esta Cancillería para cooperar y aportar en los requerimientos que pudieran surgir en el marco de la causa que lleva adelante”. El ánimo colaboracionista llegó a las redacciones el jueves a la tarde, después de que el juez Aguinski, a pedido de Rivas Diez, ordenara un procedimiento en Cancillería para “asegurar pruebas”. “Están evitando que la sangre llegue al río”, conjeturó una fuente judicial después de reconocer a PERFIL que “no se encontró nada relevante” y que las computadoras que se encontraban en el área de Franquicias “fueron removidas”.
